El pasado 24 de noviembre de 2022, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 130/2019 (y su acumulada 136/2019), determinando que se mantendría la prisión preventiva oficiosa, pero se eliminaría para algunos delitos fiscales, pues no son ilícitos cuya gravedad se considere una amenaza a la seguridad nacional.
Los artículos 167, párrafo séptimo, fracciones I, II y III del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 5, fracción XIII de la Ley de Seguridad Nacional fueron declarados inválidos. Estos artículos fueron reformados para establecer que algunos delitos fiscales se consideraban como amenaza para la seguridad nacional, siendo procedente la prisión preventiva oficiosa (automáticamente se privada de la libertad a la persona sin la valoración de la medida por un juez de control).
Entre los delitos fiscales que la Suprema Corte determinó no se podrá aplicar la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa se encuentran: contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, compra o adquisición de facturas que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Asimismo, se declaró la invalidez del artículo 2, párrafo primero, fracciones VIII, VIII Bis y VIII Ter de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, mismo que regulaba los anteriores delitos fiscales como un tipo autónomo de la delincuencia organizada (ahora ya no se podrá clasificar de ese modo).
Por otro lado, se podrá seguir persiguiendo por estos ilícitos a las personas que los cometan, y se podrá solicitar esta medida cautelar, pero ante la previa valoración de un juez de control para que se encuentre debidamente justificada.
El proyecto definitivo sigue pendiente de publicarse, sin embargo se puede acceder a la votación del mismo en el siguiente enlace de la página de la SCJN: https://www2.scjn.gob.mx/Juridica/Votos/HojasVotacion/2022/0d324d57-d570-ed11-8020-0050569eace9.pdf
